En la Provincia, el Ioscor desde 2005 la reconoce. Sin embargo se registran casos donde los pacientes no pueden acceder a los tratamientos y deben actuar reclamando judicialmente. Una legislación de fondo terminaría con las arbitrariedades perjudiciales.
Son contadas con los dedos de las manos las obras sociales que en Corrientes cubren el tratamiento contra la obesidad u otras enfermedades relacionadas con el trastorno alimenticio.
Las fuentes consultadas sostuvieron que al ser la obesidad un fenómeno ligado con los hábitos y de difícil curación aplicando la farmacología, muchas obras sociales se hacen las distraídas obligando a los pacientes a recurrir a los estrados judiciales para conseguir la cobertura.
Una de las pocas obras sociales que en la provincia cubre el tratamiento completo, incluida la solución quirúrgica usada como última posibilidad, es el Ioscor.
El interventor de la obra social Raúl Esquercia, sostuvo que desde hace unos años los afiliados pueden tratar este problema y siempre se han cubierto todos los tratamientos. Los primeros antecedentes datan de 2005.
Esquercia comentó que el paciente tiene reconocida la consulta a un dietólogo, el tratamiento recomendado y llegado el caso de necesidad la operación denominada by pass gástrico.
La obra social reconoció que no son pocos los afiliados atendidos por dietólogos en busca de soluciones a los problemas de peso.
También sostuvieron que no hay tratamiento exitoso si no hay un cambio en los hábitos de consumo. Incluso mencionaron que muchos casos fracasaron porque los pacientes no se adecuaron a las nuevas dietas impuestas por los médicos.
Al mismo tiempo que un número significativo de correntinos padece obesidad, otro número importante tiene síntomas de bulimia o anorexia. Estas enfermedades tampoco suelen ser cubiertas.
Si bien es cierto que las obras sociales, sobre todo las sindicales, no suelen funcionar en forma correcta y que muchos pacientes son librados a su suerte, más cuando el tratamiento es quirúrgico, debería haber injerencia de las autoridades nacionales y provinciales para garantizar una sistema de prevención para evitar el aumento de casos de trastornos alimenticios.
No es un dato menor que en la provincia, la mitad de la población tiene síntomas de trastornos de peso, y en un sector importante la enfermedad está en una etapa donde hay complicaciones óseas, diabetes y problemas psicológicos.
Hasta que no haya una legislación concreta que ordene que las obras sociales, tanto las que están bajo la órbita de la Superintendencia de Seguridad Social de la Nación, como las provinciales, surgirán arbitrariedades que imposibilitarán la atención satisfactoria de este tipo de enfermedades que tuvieron su explosión en los últimos años de la mano del boom del consumo de alimentos denominados chatarra con un alto porcentaje de calorías.
Pocas veces se cumple
Leyes provinciales
Entre Ríos y Catamarca, son dos provincias que incorporaron a su legislación la prevención y el tratamiento de la obesidad.
Sin embargo, el cumplimiento de la misma obligó en casi todos los casos a recurrir a la Justicia para que la obra social de los empleados públicos de esas jurisdicciones pague las prestaciones.
La caso más resonante es el de Entre Ríos, donde la cobertura del Estado provincial, el Iosper, determinó que no tenía fondos para pagar los tratamientos días después de que la Provincia promulgue su legislación.
Incluso resonó mucho el caso de Gloria Kleiman, una mujer de 51 años que llegó a pesar casi 250 kilos y que, por un subsidio de la provincia, pudo ser atendida en Buenos Aires.
En tanto, en Catamarca la Legislatura determinó a finales de 2006 que la Obra Social de los Empleados Públicos de la Provincia (Osep) debe garantizar el tratamiento contra la obesidad en todas sus etapas: prevención, diagnóstico y tratamiento, incluida la intervención quirúrgica de pacientes obesos.
También existen ordenanzas aprobadas por los concejos municipales. Sin embargo, el alcance es muy limitado y no alcanza para ser tomadas como jurisprudencia.
Todos los sectores políticos argentinos deberían tener en cuenta que los tratamientos curativos y preventivos son una inversión a largo plazo y no pensar en la presión de las obras sociales.
El lobby de las prepagas, las sindicales y las públicas, impidió el reconocimiento para un sector importante de la sociedad.
fuente:
diariolarepublica.com.ar
